La Xunta inicia el proceso para suspender las normas urbanísticas en Barreiros por su crecimiento "desordenado e insostenible"

El Consello aprueba la suspensión de las normas de A Estrada por petición del Concello

La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes inició el expediente para la suspensión de las Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (MSPM), ya que su contenido es "incompatible" con la legislación vigente, es decir, con la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (Lei do Solo) y con la Lei estatal sobre Réxime do Solo e Valoracións. Según Política Territorial, en este municipio lucense se está produciendo un crecimiento urbanístico "desordenado e insostible", hasta el punto de que las nuevas construcciones que se ejecutan, "non teñen garantidas" las infraestructuras ni los servicios básicos exigidos por la ley. Desde el departamento que dirige María José Caride se apunta, además que, a pesar de este crecimiento, el gobierno municipal continúa aplicando unas Normas Subsidarias que no están adaptadas a la actual normativa urbanísitica y que, "nin sequera" empezó ningún proceso de revisión de las Normas ahora paralizadas, a pesar de que ya pasó el plazo de tres años establecido por la Lei do Solo para adaptar los planeamientos de los concellos a esta nueva ley. El expediente iniciado por Política Territorial conlleva la paralización inmediata del procedimiento para otorgar licencias de edificación, demolición e parcelamento de terreos, así como de los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística en todo el término municipal de Barreiros, hasta la entrada en vigor de la ordenación urbanística provisional que establezca el departamento. Estas normas provisionales deberán ser aprobadas por el Consello da Xunta en un plazo máximo de tres meses, junto con el orden de suspensión de las actuales normas urbanísticas. Suspensión en A Estrada El Consello de la Xunta acordó también suspender la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (NSPM) del municipio pontevedrés de A Estrada, a petición del propio concello. Al mismo tiempo, aprobó una normativa urbanística provisional que se aplicará mientras no entre en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que está en elaboración. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, explicó que el concello pidió esta suspensión ante la "avalancha" de construcción urbanística que supone tener unas "normas moi anticuadas", que datan de 1978, y que no se adaptaban a la legislación urbanística vigente. De esta manera, se paraliza la concesión de licencias hasta la entrada en vigor de la norma provisional. Recordó que ya hubo un precedente en este sentido, como es el caso de la localidad lucense de Viveiro, en la que también se suspendieron las normas urbanísticas a petición municipal. En otros casos, como el de Tui y Sada, la suspensión se realizó por irregularidades detectadas por la Xunta. Touriño aprovechó para reiterar el "compromiso claro" del Gobierno gallego con un urbanismo responsable y para hacer cumplir la legalidad urbanística. Este compromiso está detrás de la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia, que comenzará a operar en 2007 y que la Consellería de Política Territorial está ultimando en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias. Sin "discrepancias" Por otra parte, en respuesta a las preguntas de los periodistas, Touriño descartó que existan "discrepancias" entre la titular de Política Territorial, María José Caride, y la de Vivenda, Teresa Táboas, por la propuesta de ésta última de destinar hasta un 40 por ciento del suelo a vivienda de protección oficial. Explicó que la reserva de suelo para viviendas protegidas "temos que estudiala no Goberno" para determinar "a fórmula máis eficaz". De hecho, dijo que ésta es una cuestión en la que trabajan los dos departamentos de la Xunta y advirtió que "é probable que a definición dunha porcentaxe xenérica non funcione". En todo caso, dijo que "non hai discrepancia", sino que se trata de estudiar la fórmula más concreta para expresar el compromiso del Gobierno con "máis e mellor vivenda" en Galicia.