PROTESTAS

Centenares de personas reclaman en Santiago la derogación de la Lei de Augas

Centenares de personas de colectivos sociales, sindicales y organizaciones políticas marcharon por el centro de Santiago para reclamar a la Xunta que derogue la Lei de Augas de Galicia, aprobada en noviembre en el Parlamento, al entender que la norma impulsada por el PPdeG aboca a la conversión de este recurso natural "nunha mercadoría".

Se trata de la primera marcha de la recién constituida Plataforma Galega contra a Lei de Augas, que integra a una quincena de organizaciones, entre las cuales el Sindicato Labrego Galego (SLG), la Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común, Mocidade Nacionalista Galega o Altermundo.

Bajo lemas como "a auga é un ben social e público, non á privatización", más de un millar de personas --según las estimaciones de la Policía Local que los organizadores elevaron a 2.000--, recorrieron el camino que separa la alameda de la Praza da Quintana, donde dieron lectura a un manifiesto contra la norma por la que se crea un canon que grava el consumo del líquido elemento, en sustitución de la tasa de saneamiento.

Convencida de que la norma penalizará especialmente a los habitantes del medio rural, la secretaria general del SLG, Carmen Freire, insistió en que la norma supone "hipotecar o dereito á vida" de las próximas generaciones, al obligar a los ciudadanos a "pagar por beber". En un acto al que se sumaron representantes del BNG como su portavoz en el Congreso, Francisco Jorquera, o el candidato a la alcaldía de Santiago, Rubén Cela, Freire rechazó la cesión por parte de la Xunta de las competencias sobre este recurso natural a la empresa pública Augas de Galicia. "Co dereito a beber e a vivir non se especula, non se deixa mediante unha lei en mans dun ente de dereito privado para que nos cobre e recade", espetó la líder sindical, quien alertó de que sse trata del primer paso para facilitar "que o gran capital teña acceso á auga".

Tras recordar que el agua debe mantenerse como "un ben social e de xestión pública", reclamó a la Xunta la "derrogación" del texto legal, por lo que avisó de que "se nos temos que volver insumisos e non pagar o canon, non o pagaremos".

LOS USOS AGRARIOS, GANADEROS Y FORESTALES, EXENTOS

Frente a estos argumentos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas recalca que los usos agrarios, gananderos y forestales quedarán "exentos" del pago del tributo. Por eso, el titular del departamento, Agustín Hernández, destacó que "non é comprensible que aqueles que din defender os intereses do sector primario" se postulen en contra de una norma que "por primeira vez en Galicia, deixa exentos de pago os usos agrarios".

En vigor desde diciembre, la ley tiene por objetivo destinar los recurrsos recaudados a financiar infraaestructuras hidráulicas. En este marco, el departamento incide en que el campo será prioritario, al preverse actuaciones "en todos os concellos rurais" que carecen de servicios adecuados de abastecimiento o saneamiento. En cuanto a la factura, la consellería recalca que la nueva estructura tarifaria del canon prima el uso "racional" del recurso, introduciendo la tarificación por tramos, de forma que "ata un 30% da poboación" que ahora paga la tasa de saneamiento afrontará un desembolso "menor" con el nuevo gravamen.

En cuanto a las traídas vecinales y pozos particulares, el Ejecutivo gallego incide en que, "na práctica, tamén estarán exentos do pagamento do canon da auga".

BONIFICACIONES

Con todo, Freire aseguró que el texto no contempla "exención" en el pago, sino que incluye bonificaciones, de forma que los titulares de explotaciones "que xeren materia orgánica" deberán tributar en función de ésta últimas. Por ello, reclamó a la Xunta "que non nos engane" y advirtió la posibilidad de que la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos "pode facer que esta bonificación sexa do 90%, coma neste momento, ou do 0%".

Al término de la movilización, el portavoz nacional de Encontro Irmandiño, Xosé Manuel Beiras, afirmó que la norma supone "un atraco e a confiscación das augas". En relación al papel de Augas de Galicia, alertó del riesgo de "privatizacion", por lo que censuró el traspaso a este ente de las competencias políticas "do Goberno e do Parlamento".

Tras recordar que la norma salió adelante exclusivamente con los votos del PPdeG en la Cámara, insistió en que las leyes de esta enjundia "deberían ser aprobadas por maioría cualificada e non por a metade máis un dos escanos".

Por ello, suscribió la llamada de la plataforma convocante a la movilización, sin descartar echar mano de la "desobediencia civil e a insumisión" a la hora de pagar el canon. "Se a clase política non nos defende como é debido, temos que facelo os cidadáns", sentenció.