EFE | El
juez del caso Púnica ha reordenado las piezas del caso con una serie de
autos en los que ha radiografiado el funcionamiento de la caja b del PP
de Madrid, pero también ha diseccionado cómo una multinacional
corrompió a decenas de cargos públicos durante la mayor crisis económica
de la historia reciente de España.
Porque el juez Manuel García
Castellón -como su antecesor Eloy Velasco- cree que Cofely, filial de la
multinacional francesa GDF Suez, alentó, promovió y apoyó los tratos de
corrupción y "puso precio a la función pública" para conseguir
contratos multimillonarios, modificar baremos y adaptar pliegos. La investigación sacó a la luz un patrón de
funcionamiento aplicado en múltiples municipios y el juez lo ha puesto
negro sobre blanco en un auto al crear una pieza dedicada a esa empresa,
cuyos principales responsables, con el director general, Didier
Maurice, al frente figuran entre los 57 investigados.
Porque,
pese a que la empresa contaba con un estricto código ético, sus altos
directivos y profesionales de su plantilla se corrompieron en su
"búsqueda feroz" de nuevos contratos. La información no es nueva, pero el juez recuerda varios ejemplos de los tentáculos de la red.
Presuntamente,
el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada recibió de
Cofely 30.000 euros; el de Alcalá de Henares Bartolomé González, 60.000;
el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez había pedido 25.000; el de
Collado Villalba Agustín Juárez tenía comprometidos otros 400.000; el de
Parla José María Fraile pactó 500.000, y en Almendralejo iban a
repartirse supuestamente otros 180.000.
Todo ello en
2012, 2013 y 2014, cuando la crisis provocó recortes en la prestación de
servicios de todas las administraciones y con contratos centrados
precisamente en planes de eficiencia energética. En
2012, Cofely contrató a David Marjaliza, principal acusado de la Púnica
junto al exconsejero madrileño Francisco Granados. Le pagaba 1.500 euros
al mes y una variable de hasta 155.000 euros a cambio de que les
consiguiera contratos. Tan bien les fue que para el 2014-2015 revisaron
el contrato: la variable ya alcanzaba los 5,5 millones de euros.
El
principal acusado procedía de la empresa Dalkia, la misma desde la que
llegaron Constantino Álvarez (director comercial), Pedro García
(responsable del sector Terciario Público) y Gaela Hamon (departamento
de Back Office). Marjaliza ya tenía montada su red de
influencias de sus tiempos de promotor urbanístico, así que solo tuvo
que ponerla al servicio de Cofely para crear lo que el juez califica de
"mercadeo de favores, comisiones, regalos y recompensas para ganar los
concursos y adjudicaciones que se licitaban".
Todos
los contratos incluían cláusulas para abonar partidas "sospechosas" a
terceras empresas. De hecho, al principio directamente las llamaban
"comision fee", si bien luego optaron por denominaciones menos evidentes
como "comisión de éxito, gestión de proyecto, control de auditoría". En
realidad, se trataba de desviar fondos a Construcciones y Reformas de
la Peña, de Eduardo de la Peña, presunto testaferro de Marjaliza. Las
"auditorías" se pagaban a otras dos empresas y, mediante facturas
falsas, finalmente parte del dinero llegaba a los cargos públicos que
les favorecían en las adjudicaciones.
El juez detalla
un "patrón de comportamiento similar" en todos los casos, siempre con
ayuda del alcalde o concejal de turno, de modo que "la infiltración
llegó a ser total en la mayoría de los ayuntamientos", aprovechándose de
la escasez de los recursos técnicos que tienen para estudiar los
contratos. Los ayuntamientos contrataban trabajos de
asesoría con empresas del círculo de confianza de la trama y esos
informes llegaban (cuando no los hacía directamente) a Cofely, que los
utilizaba para hacer sus recomendaciones a los responsables municipales.
También
conocían antes que los competidores todos los datos, imponían el precio
de los presupuestos y conseguían "pliegos ad hoc" que les beneficiaban.Una
de sus artimañas era restar valor a las ofertas económicas e imponer un
sistema en el que primaban los criterios subjetivos, lo que impedía que
sus competidores pudieran competir.
También
engañaban al Departamento de Compras de Cofely mediante ofertas
simuladas de subcontratistas y proveedores. Era clave la colaboración
del Departamento de Service para liberar los pagos a las empresas del
círculo de Marjaliza a través de las que se canalizaban las dádivas a
alcaldes y concejales. El juez tiene claro que todas
sus "argucias" buscaban que todo el dinero (incluidas las comisiones que
pagaban) saliera del erario público. De hecho, las comisiones corruptas
ya se incluían camufladas en el proyecto que aprobaba el propio
ayuntamiento.
Según la documentación policial, la suma
de los pagos realizados por las empresas instrumentales en esos tres
años rondó los 2,5 millones de euros y crecía de forma exponencial:
180.000 en 2012, 721.319 en 2013 y 1.456.526 en 2014, año en el que se
desarticuló la trama. A su vez, tres de esas empresas recibieron pagos por importe de casi 2 millones de euros en esos tres años.
El
auto detalla cómo este método de funcionamiento se aplicó o intentó
aplicar en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco, Parla,
Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Alcalá de
Henares, Casarrubuelos, Brunete y Serranillos del Valle y del extremeño
de Almendralejo. En casos como Móstoles, la
profesionalidad de los técnicos fue "una barrera que no pudieron
sortear" pese a la complicidad del alcalde y del concejal de Medio
Ambiente. Finalmente lo que hicieron los cargos públicos y Cofely fue
socavar la oferta de la competencia. El proyecto fue de 73 millones por
15 años.
Es solo un ejemplo de cómo una empresa
corrompió a decenas de cargos públicos de diferentes partidos
(mayoritariamente del PP) en los años más duros de la crisis.