EFE | Por
orden del presidente Rodrigo Duterte, Filipinas abandona hoy la Corte
Penal Internacional (CPI), decisión que preocupa a defensores de
derechos humanos y familiares de víctimas de la guerra contra las
drogas, que temen que los abusos de esa campaña queden impunes.
Pocas
semanas después de que la CPI iniciara un examen preliminar sobre las
"ejecuciones extrajudiciales" en esa operación impulsada por Duterte, el
mandatario anunció en marzo del año pasado que retiraba a Filipinas del
Estatuto de Roma que constituyó ese tribunal de La Haya, decisión
efectiva hoy.
"Nos preocupa esa medida porque la CPI era una
alternativa para reclamar justicia ante las trabas en los tribunales
nacionales", contó a Efe Dennis David, padre de John Jezreel David,
asesinado por la Policía en enero de 2017 con 21 años en una supuesta
redada.
David es uno de los seis familiares de
víctimas de la campaña, asesinados a sangre fría por la Policía, que
firma una demanda que acusa al presidente de crímenes de lesa humanidad,
interpuesta en la CPI el pasado agosto, junto con la organización
religiosa Rise Up. "Vi a mi hijo con vida una tarde
cuando iba a trabajar y lo volví a ver tres días después en una morgue",
relató este votante arrepentido de Duterte.
Supuestamente
su hijo fue detenido por conducir su moto sin licencia ni casco, y
acabó siendo disparado a bocajarro con otros dos jóvenes que no conocía
de nada en el otro extremo de Manila, en lo que la Policía justificó
como una operación antidrogas. Además del testimonio
de dos mujeres que vieron desde sus casas el asesinato, las cámaras del
hospital donde trasladaron su cuerpo captó como un agente metía droga en
el bolsillo de su chaqueta, pruebas consistentes para llevar el caso a
los tribunales aunque la mayoría de los crímenes acaban archivados por
falta de pruebas.
"Tengo fe en que se haga justicia. Para mí Duterte es
responsable de tanta muerte", aseveró sobre la brutalidad de la campaña,
en la que han muerto más de 5.000 personas según la Policía, aunque
grupos civiles elevan la cifra a unos 20.000 asesinatos.
Según
Kristina Conti, secretaria general de la Unión Nacional de Abogados del
Pueblo y letrada que llevó ese caso ante la CPI, la salida de ese
tribunal no afecta a las demandas presentadas cuando el país aún era
miembro, pero deja en el limbo los crímenes cometidos en adelante. "El
problema es que ahora el Gobierno filipino no está obligado a cooperar
con la CPI presentando los documentos que requieran", explicó Conti, que
ha interpuesto unas 200 demandas en tribunales nacionales por los
abusos de la campaña.
La abogada es optimista y cree
que la CPI cuenta ya con una "base razonable" para elevar su examen
preliminar a una investigación formal, aunque "la cuestión es si las
pruebas son suficientes para condenar a Duterte por lesa humanidad". Conti opina que la CPI puede encontrar "un patrón" que
implique a Duterte con esos crímenes, ya que públicamente ha instigado a
la Policía a matar a cualquier sospechoso; mientras que perseguir un
caso criminal por asesinato en los tribunales filipinos es muy difícil
porque se necesitan muchas evidencias.
"La Policía lo
primero que hace es destruir la escena del crimen, por lo que es muy
difícil encontrar pruebas objetivas (...) La otra opción son las
evidencias testimoniales, pero los testigos a menudo tienen miedo de
hablar porque temen ser los próximos", apuntó. El
abogado filipino Julio Sabio fue el primero en acusar a Duterte ante la
CPI por crímenes de lesa humanidad en abril de 2017 -fue la que motivó
el examen preliminar de la fiscal Fatou Bensouda-, y desde entonces vive
escondido un calvario de amenazas de muerte y una orden de arresto
pendiente.
"Después de ir a La Haya a presentar personalmente la
demanda, recibí numerosas amenazas de muerte en las redes sociales. Me
he mudado y poca gente sabe mi paradero y me muevo en un ámbito muy
reducido", relato a Efe mediante menajes de texto, en los que acusa el
"régimen tiránico de Duterte" de su situación.
Sabio
es el abogado de Edgar Matobato, sicario arrepentido de los "escuadrones
de la muerte de Davao", que según su testimonio mataban bajo las
órdenes de Duterte las dos décadas que fue alcalde de esa ciudad (de
manera intermitente de 1998 a 2010) para acabar con drogadictos,
criminales y opositores.
Filipinas se convierte hoy en
el segundo país en salir de la CPI tras Burundi, una decisión que es
"un retroceso en el compromiso del país con los tratados internacionales
y en acabar con la impunidad", según la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
"La cínica retirada de la CPI es un intento
inútil de evadir la justicia internacional", lamentaron desde Amnistía
Internacional. Aunque Filipinas firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó el
Congreso en 2011, Duterte esgrime que ese último paso no es válido
porque no figura en la Gaceta Oficial, por lo que la corte no tendría
jurisdicción para acusarle.